Avala Pleno reformas para dar certeza a las denuncias por faltas administrativas
Las denuncias por presuntas faltas administrativas contarán con procedimientos más claros para su atención e investigación, luego de que el Pleno Legislativo aprobó reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Tamaulipas, orientadas a fortalecer la actuación de las autoridades y brindar certeza jurídica.
El dictamen derivado de la iniciativa promovida por el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández establece medidas para mejorar la información con la que se presentan las denuncias, prevenir aquellas que resulten evidentemente frívolas y optimizar la actuación de las autoridades investigadoras, sin limitar la posibilidad de presentar denuncias anónimas.
Vargas Fernández explicó que, si una denuncia llega con información insuficiente, la autoridad podrá solicitar más datos a quien la presentó, siempre que sea posible localizarle. La persona tendrá diez días hábiles para responder. Si no lo hace, la autoridad podrá archivar el caso, aunque la investigación puede reabrirse si después aparecen nuevas pruebas.
“En Tamaulipas necesitamos instituciones que investiguen con certeza y objetividad, que rindan cuentas y que garanticen que ninguna denuncia quede sin atención o inconclusa.”
Asimismo, se establecen disposiciones para mejorar los mecanismos de notificación, precisar las condiciones para la conclusión y archivo de las investigaciones y garantizar que las personas denunciantes conozcan la forma de acceder a los expedientes correspondientes, conforme a las reglas aplicables.
Al hacer uso de la tribuna, el legislador subrayó que “combatir la corrupción exige instituciones eficientes, pero también procedimientos claros que garanticen transparencia y respeto a los derechos de todas las personas involucradas”.
Finalmente, el diputado reiteró que la identidad de quienes denuncian permanecerá protegida y en reserva por parte de las autoridades investigadoras, en apego a la legislación de protección de datos personales y a los principios del debido proceso, de modo que el fortalecimiento de los procedimientos no se convierta en un obstáculo para denunciar posibles hechos de corrupción.