No puede ordenar a un juez la imposición de prisión preventiva

Patricio Lerma

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Luis Beas Gámez, afirmó que el Gobierno del Estado carece de facultades para ordenar a un juez la emisión de una resolución judicial, incluyendo la imposición de medidas cautelares como la prisión preventiva justificada.

Beas Gámez respondió así a las declaraciones de José Irineo Arredondo Facundo, quien mantiene una manifestación permanente en la Plaza Hidalgo y exige que el Ejecutivo estatal instruya al Poder Judicial para que la persona procesada por la desaparición de su hermano sea nuevamente detenida.

El funcionario explicó que, desde octubre de 2022, el Gobierno de Tamaulipas ha brindado atención directa al señor Arredondo a través de diversas dependencias, incluyendo la Secretaría General de Gobierno, la Comisión Estatal de Víctimas y la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

“Ha sido atendido por vicefiscales, por el Secretario General, por el Subsecretario de Gobierno y por un servidor. Se han realizado mesas de trabajo para que la Fiscalía integrara debidamente la carpeta de investigación”, señaló.

Dicho acompañamiento permitió que, el 15 de marzo de 2024, la persona señalada como presunta responsable fuera detenida y vinculada a proceso. Sin embargo, posteriormente un juez de control modificó la medida cautelar y le concedió continuar el proceso en libertad bajo firma periódica.

El subsecretario fue enfático al aclarar que las decisiones sobre medidas cautelares corresponden exclusivamente al juez del caso. “Las causas por las que el juez resolvió de esa manera sólo las conoce el juzgador. El Ejecutivo no puede intervenir porque en Tamaulipas existe el principio de división de poderes. El Gobierno del Estado no tiene la facultad para ordenar a un juez dictar prisión preventiva”, reiteró.

Beas Gámez destacó que el Gobierno del Estado mantiene una relación institucional y de puertas abiertas con los colectivos de búsqueda. “La instrucción del gobernador es clara: atención permanente, diálogo directo y acompañamiento. No necesitan cita; siempre van a ser recibidos”, afirmó.

Respecto a las declaraciones del señor Arredondo, quien afirmó no haber recibido apoyos salvo traslados, el subsecretario aclaró que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas ha otorgado asistencia conforme lo establece la ley.

“Al igual que a todas las personas con calidad de víctima, se le ha proporcionado acompañamiento jurídico, psicológico, trabajo social y apoyos económicos. En su caso, ha recibido más de 108 mil pesos en los últimos meses para traslados, alimentos y hospedaje”, detalló.

Beas Gámez subrayó que los apoyos no pueden entregarse de manera discrecional, sino bajo los tabuladores previstos por la legislación estatal para garantizar equidad entre todas las víctimas.

Finalmente, reafirmó el respeto del Gobierno de Tamaulipas a las manifestaciones públicas y al ejercicio de derechos ciudadanos: “El Estado es respetuoso de la libre expresión. Nuestra obligación es acompañar, orientar y apoyar, pero siempre dentro del marco legal y con pleno respeto a la autonomía del Poder Judicial”.