Contraloría de Tamaulipas refuerza combate a la corrupción y la transparencia
Patricio Lerma
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas, presentó su informe de actividades ante la Comisión de Administración del Congreso del Estado, destacando avances en transparencia, fiscalización y sanciones a servidores públicos.
Durante 2024, la Contraloría atendió el 90% de las quejas y denuncias recibidas, incrementando la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Además, se capacitó a más de 3,000 servidores públicos en auditoría, ética, combate a la corrupción y responsabilidades administrativas.
Uno de los logros más relevantes es la mejora en los indicadores de transparencia, con un cumplimiento del 98% en dependencias estatales y 84% en entidades públicas. Asimismo, la fiscalización del gasto ha permitido que Tamaulipas se posicione entre los primeros lugares a nivel nacional en orden y disciplina financiera, con una reducción del 98.5% en los montos observados por la Auditoría Superior de la Federación.
En materia de sanciones, Pedraza Melo informó que 80 funcionarios han sido sancionados, incluyendo 54 inhabilitaciones, 3 suspensiones y 26 amonestaciones. También se han presentado 12 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y 5 ante la Fiscalía General de la República, con un daño al erario que supera los mil millones de pesos en algunos casos.
Sobre la investigación en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), la Contralora explicó que se han abierto siete expedientes de presunta responsabilidad administrativa por irregularidades en la gestión, con un monto observado de aproximadamente 8 millones de pesos.
En relación con posibles cambios en la Contraloría debido a reformas a nivel federal, Pedraza Melo indicó que se trabaja en la armonización de normativas estatales con la nueva legislación de transparencia y combate a la corrupción.
Finalmente, enfatizó que las investigaciones siguen en curso y que el compromiso de la administración estatal es garantizar procesos justos, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, pero sin permitir la impunidad.
