Supervisora escolar rechaza acusaciones de acoso laboral
Asegura que tribunales federales le han otorgado protección legal
Patricio Lerma
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La supervisora de la Zona Escolar 82, Nereyda Miroslava de la Garza Gil, rechazó de manera categórica las acusaciones de acoso y hostigamiento laboral que se han difundido en su contra y aseguró que se trata de una campaña de desprestigio impulsada por un grupo de trabajadores con quienes mantiene diferencias administrativas.
Durante una conferencia de prensa, la docente afirmó que a lo largo de casi cuatro décadas de servicio en el sistema educativo ha desempeñado sus funciones con apego a la legalidad, la institucionalidad y el respeto a los derechos de los estudiantes y del personal educativo.
“Niego categóricamente estas acusaciones. Jamás he cometido actos de acoso u hostigamiento laboral y mucho menos he provocado afectaciones a los alumnos, como falsamente se ha intentado hacer creer”, expresó.
De la Garza Gil sostuvo que los señalamientos provienen de personal adscrito a la supervisión escolar que, según su versión, abandonó voluntariamente sus funciones desde febrero de este año y que posteriormente fue reincorporado a sus actividades.
La supervisora aseguró que el conflicto se intensificó cuando se les pidió cumplir con horarios y funciones específicas dentro de la estructura administrativa de la supervisión, situación que derivó en desacuerdos y movilizaciones por parte de algunos trabajadores.
La docente también cuestionó el procedimiento mediante el cual se integró una investigación relacionada con las denuncias en su contra, argumentando que nunca fue notificada formalmente ni tuvo acceso a las pruebas o testimonios recabados.
Según explicó, tras una serie de inconformidades presentadas ante la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se realizó una indagatoria cuyos resultados, aseguró, le fueron ocultados.
“No se me otorgó derecho de audiencia ni la oportunidad de defenderme. Tampoco se me entregaron copias certificadas de la investigación a pesar de haberlas solicitado formalmente”, señaló.
Asimismo, afirmó que existen presiones para removerla de su cargo y colocar a otra persona al frente de la supervisión escolar.
Ante lo que considera violaciones a sus derechos fundamentales y al debido proceso, De la Garza Gil informó que promovió un juicio de amparo ante instancias federales.
De acuerdo con su versión, los tribunales le concedieron suspensiones provisionales y definitivas para impedir la ejecución de actos o resoluciones que pudieran derivarse de procedimientos que considera irregulares.
“La justicia federal ha determinado suspender cualquier acto derivado de procedimientos que no respeten el debido proceso. Eso demuestra que existen elementos suficientes para revisar lo que está ocurriendo”, manifestó.
La supervisora indicó que continuará defendiendo su posición por la vía legal y permitirá que sean las autoridades competentes quienes determinen la resolución final del conflicto.
Durante su mensaje, De la Garza Gil destacó que, pese a la controversia, la supervisión escolar ha continuado operando y brindando atención a los planteles de la zona.
Aseguró que su prioridad ha sido garantizar el derecho de niñas y niños a recibir educación, por lo que sostuvo que nunca ha promovido acciones que afecten el funcionamiento de las escuelas.
“Mi compromiso siempre ha sido con la educación pública y con el interés superior de los menores. No permitiré que intereses particulares dañen una trayectoria construida durante casi 40 años de servicio”, expresó.
Finalmente, informó que ha presentado escritos y reportes ante diversas instancias, entre ellas la Secretaría de Educación de Tamaulipas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Sistema DIF, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, con el propósito de documentar los hechos y solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.
La supervisora concluyó que, debido a que el caso se encuentra actualmente en instancias legales, evitará profundizar públicamente sobre el tema y esperará la resolución que emitan las autoridades competentes.
